Cuando el espíritu está por delante de la ley, ésta está condenada a dejar de ser.
Las candidaturas presentadas por la izquierda abertzale (léase pro-etarras) han quedado -o quedarán- fuera de las próximas elecciones autonómicas y municipales –recuérdese que en el País Vasco son solo municipales. Primero fue la carnaza, de nombre ASB, que no cumplía siquiera con aquello del nombre; después las “agrupaciones electorales” con las cuales -intuyo- se trataba simplemente de enredar un poco para el asalto final. Por último tenemos a un partido de cierta antigüedad como es Acción Nacionalista Vasca, al que Batasuna habría penetrado con sus propios candidatos (ANV fue parte de la Mesa Nacional de Batasuna hasta 2001). Es de suponer que esta sea su último subterfugio, quiero decir, directo, porque siempre podrán volver a instrumentalizar EHAK como de seguro harán, pero el golpe se antoja bastante grande.
Mucho puede decirse sobre lo que ha pasado en esta legislatura, mucho en lo que se refiere a terrorismo, y mucho también sobre lo ocurrido desde la declaración de “alto el fuego permanente” de ETA el 22 de marzo de 2006. No obstante no es mi intención tratar esas cosas intentando colegir de qué manera desde todo aquéllo hemos llegado a esto, sólo quiero llamar la atención sobre un hecho en particular relevante. El PSOE cometió numerosos errores durante el alto el fuego de ETA y hacia el final el PP dijo algunas verdades, aunque antes había dicho muchas mentiras; asimismo el PSOE tuvo una actitud vacilante tras el atentado de Barajas, y todo eso no se puede dejar de tener en consideración. Sea como fuere y sin dejar de tener presente lo anterior me temo que ahora el PP vuelve por sus fueros y está dispuesto (está en ello) a desenvolver un discurso en que los argumentos fundamentales son ante todo demagógicos. En esos argumentos o pseudoargumentos me voy a detener.
Está claro, a un lado quedan ASB y las agrupaciones electorales, el problema es ANV. Desde el momento en que fue poniéndose de relieve que Batasuna pensaba utilizar a esta formación para colocar un buen número de sus candidatos en los parlamentos comenzó a funcionar la maquinaria del Estado. Finalmente han sido denunciadas por el Fiscal General y el Abogado del Estado algo más de 120 listas que más que probablemente no podrán ser votadas. Desde que ANV apareció en los informativos hasta el momento presente desde el PP se ha argumentado lo siguiente -como ya se hizo con EHAK: ANV es un partido relacionado con ETA, es evidente, por lo que debe ser ilegalizado; Rajoy llegó a decir “no es un problema con los plazos [judiciales], es de voluntad política”. Siendo la frase del líder de la oposición una extremación hasta lo intolerable de la primera.
En cuanto que un Estado es de Derecho lo primero de todo es cumplir la ley, esto es, lo que dice la ley. Y naturalmente sus formas de aplicación. Suele decirse que “las leyes tienen un espíritu”, pero esto es cierto solo en parte. Las leyes se hacen en un momento y un espacio determinado, y en ese momento y ese espacio hay un espíritu que permite, que hace o que consecuencia que las leyes sean como finalmente son (“sean” entendido como “se redacten”). Las leyes están hechas para resolver problemas o regular situaciones (o ambos) y en tanto que la circunstancia generada por el problema o conflicto o lo que fuere es de una manera, la ley será redactada de cierta forma; a partir de ahí se interpreta que la ley “recoge ese espíritu”, pero esto es una interpretación, pues, en tanto que la circunstancia varíe (ese momento, ese espacio) puede que cada vez se haga más difícil demostrar el “espíritu” cumpliendo la ley. Y la ley hay que cumplirla siempre.
No es aceptable que se cambie una ley para poder resolver un problema político o por la vía política, pero menos lo es que para resolver un problema los políticos no cumplan la ley. Lo primero es, digamos, manipular el espíritu de la ley en base a la oportunidad (política), algo muy grave. Lo segundo simple y llanamente, saltarse las leyes.
Actuando de frente contra el “espíritu” puede caerse en el fraude de ley, que viene a ser un “no cumplir la ley pero sí su letra”, permitir acciones auténticamente ilegales en base a su legalidad formal. Aquí entra ya la interpretación de cuándo esto sucede y cuándo no, la frontera puede llegar a ser bastante difusa, desde luego (sobre todo si los políticos se lo proponen; sobre todo si se ataca el espíritu de las leyes con frecuencia). Las cuestiones de interpretación en temas como este son siempre peliagudas y suele acudirse a antecedentes que vienen más o menos al caso, o no, pero que están relacionados con el tema en cuestión, sin embargo lo que de ninguna manera se puede interpretar es aquello que indudablemente está reflejado en un texto legal, es decir, una cosa es intentar demostrar que se está cumpliendo la letra pero no la ley, y otra afirmar que se debe actuar contra la letra misma de la ley para cumplir con su “espíritu”. Esto es intolerable.
Luego, y ya bajando a la actualidad política, quedaría interpretar si el PSOE trata de permitir (o llevar a cabo) un fraude de ley con el caso de ANV, porque no es posible cuestionarse sobre lo que hace el PP, que es exigir que el Gobierno se salte las leyes. Creo en lo último que la vacilación al interpretar podía tener cabida hasta cierto momento, sí, pero declaraciones como la de Rajoy no dejan lugar a la duda: de nuevo, como con las leyes –y más allá de otras cuestiones- Rajoy no esconde nada, Rajoy quiere decir exactamente lo que dice: que los plazos jurídicos dan igual, que no tienen por qué cumplirse, que tiene que darse el hecho sin cumplir con el proceso judicial prescrito, que la ley se puede obviar en este caso para conseguir un objetivo. Si conseguir ese objetivo es más beneficioso para el país y la sociedad que cumplir estrictamente con la ley es discutible, quizá hasta pudiera hacerse, pero no es discutible el sentido de las palabras de Rajoy (para que fuera beneficioso hay que aceptar, por supuesto, que todas las listas de ANV están contaminadas).
No pretendo demostrar “científicamente” que esto que hace el PP no lo hizo nunca el Gobierno, posiblemente lo hizo incluso durante el alto el fuego cuando desde varias partes comenzó a decirse que existía el precepto legal de algo así como amoldar las leyes a las exigencias o necesidades sociales, vamos, permitirle ciertas cosas a Batasuna para acercarnos al fin de ETA. Cuando se habla de la política del sistema las “demostraciones científicas” de diferencias cualitativas entre unos y otros son poco menos que quiméricas excepto en algunos casos contados (aunque algunos las ven por todas partes: los maniqueístas). Lo que quiero decir, y es de lo más mundano, es que el PP se ha entregado a la demagogia argumentada en base al incumplimiento de las leyes. Y, en fin, que el PP continuará diciendo tras las elecciones que “ETA está en las instituciones porque el PSOE así lo ha querido” (como ya afirmó Astarloa) y añadirá en el gesto más repugnantemente electoralista que “lo hace para conseguir algún gesto de ETA”, que “otra vez el Gobierno hinca la rodilla ante los terroristas” e incluso que “esto es una exigencia de ETA para avanzar en el proceso de paz”. Reitero que, al final, gran parte de lo dicho no dejan de ser interpretaciones y juicios de intenciones sobre unos y otros, ahora bien: el que no quiera verlo, que no lo vea.
Por cierto, que luego vendrá Acebes o algún otro de similar calaña a decir que “el PSOE no respeta las decisiones de los tribunales”, “las instituciones” o algo semejante, y si no al tiempo.
3 comentarios:
Desde las antípodas ideólogicas, y con el mayor de los respetos, me voy a permitir discrepar de usted, sr. Fritz.
En un Estado de Derecho, y este se afirma que lo es, hasta lo más evidente hay que probarlo más alla de una duda razonable. Siempre es de aplicación la máxima jurídica in dubio pro reo . Al sr. Rajoy, a usted y puede que a mi mismo nos puede parecer que ANV forma parte del entramado de Batasuna, que no es toda la izquierda abertzale, pero si no existen pruebas contundentes, si sólo existen indicios, por muy fundados que sean, nuestra evidencia es idénticamente igual a nada. Todo ello suponiendo que la Ley de Partidos que permitiría ilegalizarla no sea contraria a los fundamentos del estado de derecho, no digo a la Constitución vigente, digo a los fundamentos del estado de derecho. No sé si el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley, pero bien pudier ocurrir que la Constitución, si ampara una ley como ésta de los Partidos Políticos, no estaría conforme a los fundamentos de un estado de derecho.
La anulación de listas sean de la organización que sean, compuestas por ciudadanos que, al no mediar sentencia alguna, están en plena posesion de sus derechos civiles, y entre ellos está el de poder elegir y ser elegido es como poco dudosa, aunque yo no tengo dudas, se violan derechos fundamentales. Todo lo demás se basa en un proceso de intenciones, no probado, de que ANV desde las instituciones iba a colaborar con ETA tanto desde el punto de vista económico como propagandístico. Si se tuviera pruebas de que esto es así, la obligación de las instituciones sería actuar policial y judicialmente. Si no se hace es porque no hay pruebas, hay indicios, sensaciones, certezas, si se quiere, pero no pruebas.
No me he movido de los argumentos estrictamente jurídicos, pero hay tambien argumentos de tipo político, aunque estos son por lógica más discutibles, el más importante de ellos, a mi juicio por supuesto, es constatar el hecho innegable de que existe un nada desdeñable porcentaje de la población vasca que participa de los presupuestos políticos de Batasuna, y ese porcentaje necesita una expresión politica reconocible con la que poder discutir, aunque sólo sea para demostrarle lo inútil de sus planteamientos violentos. Condenarles directamente a la kale borroka no creo que sea muy positivo, más bien creo que es facilitar a los violentos armados un relevo sencillo. Ni que decir tiene que, para mí, las medidas exclusivamente policiales están abocadas al fracaso, hay veinte años de experiencia para demostrarlo.
Un saludo
Bienvenido :)
Lo trato por partes. En primer lugar decirle que yo comparto que hay que ir más allá del simple juicio de intenciones, por muy evidente que sea. Es ahí donde mi comentario coge su sentido -aunque sea equivocado o estúpido, eso ahora no importa. Sin entrar –todavía- en la Ley de Partidos, sí quiero decir que cuando escribí este comentario hablaba simplemente no de ilegalizar ANV (puro juicio de intenciones, simple Rajoy) sino de cumplir con las leyes: cumplir con el Estado de Derecho. Cumpliendo la Ley de Partidos no se tiene (o no se tenía cuando escribí la entrada) que ilegalizar a ANV pero sí que impedir la participación de una serie de listas que, bajo los presupuestos que la misma ley ofrece, eran una suerte de “continuidad institucional” de Batasuna en las instituciones. Que ANV es una estrategia de Batasuna es evidente, y creo que eso no merece la pena ni discutirlo, aunque solo sea porque la ley no tiene que ver con las percepciones sino con variables más objetivas (que es lo que yo pretendo defender). Entonces, parece claro que un partido que perteneció a la Mesa Nacional de Batasuna hasta 2001 comparte muchas ideas con ésta y, entre ellas, el apoyo a la violencia, que es lo distintivo de Batasuna (a diferencia por ejemplo de Aralar); parece claro también que un partido, con estas filiaciones tan recientes, que venía presentando candidaturas a escasísimos municipios de repente lo haga en todo el País Vasco y Navarra hace intuir cierta relación; y, lo relevante, la ley, es que determinadas personas, agrupadas en cantidad “suficiente”, 20-30% de la lista (no se trata de una persona como usted dice), dejando de lado el juicio de intenciones (el apoyo o no a la violencia, etc) incumple la ley. ¿Debe ser ilegalizado? No. ¿Debe permitirse que esas listas concurran a los comicios? Tampoco. Esto era más o menos lo que quería decir, en reacción a las palabras del PP, por cierto. Y puntualizo lo siguiente: se trata de cumplir con la “letra” de la ley, aunque sea mala, ya se cambiará si acaso, no de interpretar juicios de intenciones en base al “espíritu de la ley” o hacer cuestión sobre la legitimidad de las leyes a cada momento (si quiebran o no derechos fundamentales… “incumplen con el Estado de derecho democrático”).
Termino con lo anterior diciendo que, de la misma manera -aunque las comparaciones son odiosas- a los hombres que pegan a sus parejas, aparte las sanciones “directas” en forma de penas de cárcel y demás, se les puede imponer una basada en un juicio de intenciones como es la obligación de mantener cierta distancia para con quien fue su víctima. Nadie cuestiona que ese ciudadano sufra una defenestración al no poder circular por ciertas calles aunque no pueda saberse a ciencia cierta si volverá a pegar a su mujer. Cierto es que para que la analogía fuera más ajustada debería tomarse a Batasuna como a una persona (el agresor), pero cierto es también que se la toma de manera orgánica: como un organismo –que es. La pertenencia a esta organización, que se ilegaliza (cae en cierta falta), implica que se haga el siguiente juicio de intenciones: si usted perteneció a esta organización apoyaba la violencia y, luego, si un determinado grupo de personas que pertenecieron a esa organización se juntan, el organismo político resultante ha de ser ilegalizado. Como se ve la ley no excluye absolutamente el juicio de intenciones e incluso la gravedad de los delitos está en buena medida determinada por la intención del infractor (en este caso sería Batasuna, no las personas individuales); de la misma forma no niego que la Ley de Partidos sea una ley ad hoc; ni niego tampoco que tenga sus defectos como pudiera ser, desde lo expresado, un cierto carácter retroactivo (siendo ad hoc más defectos que muchas otras, sin duda).
Por último vamos con la Ley de Partidos. No negaré lo que acabo de decir: esa ley fue hecha para ilegalizar Batasuna. Pero no puedo dejar de pensar que hay mucha hipocresía y falta de miras –aunque sincera, sin mala intención- en determinadas percepciones. Lo segundo lo creo porque opino que el cuestionamiento tajante que se hace a veces de esa ley responde sencillamente a la costumbre de ver a Batasuna en los ayuntamientos y en los parlamentos. En que venía siendo una costumbre que esa gentuza (no digo que “sean terroristas”) debatiera como un partido más las diferentes leyes y proposiciones por los canales democráticos. Y creo todo ello porque no me cabe ninguna duda de que si se constituyera un grupo armado ultraderechista que matara a decenas de personas y, en respuesta a sus acciones, a sus atentados, Falange o España 2000 se expresara de forma parecida a como lo hace Batasuna, nadie dudaría en que éstos [partidos] habrían de ilegalizarse ipso facto. No me cabe duda a mí y -si se es sincero con uno mismo- creo que a nadie. Y a todos nos parecería bien y NORMAL (esto es hipocresía).
A éso se une cierta distorsión, para mí repugnante, que viene a decir que los medios de ETA son de alguna manera, legítimos. Es algo que no se reconoce ya (antes sí) por lo general, pero es obvio que hay gente que piensa que “para liberar a los pueblos” es aceptable la violencia, o cuando menos cierto nivel de violencia: es la diferencia entre quien entiende el respeto a la vida como un valor y quien entiende la vida –algunas vidas- como un obstáculo, por lo demás, franqueable para lograr determinadas empresas que considera dignísimas.
Mi posición respecto de lo que podríamos tener como el asunto de fondo (la Ley de Partidos), como ve, no está ni mucho menos separado de una decisión moral, antes bien lo contrario. Desde el punto de vista de la legitimidad no me causa ninguna inquietud en la conciencia el que esta gente, que apoya la violencia, no se pueda presentar a las elecciones. En principio tuve mis dudas en base a una interpretación de tipo político, pero vistos los resultados sobre ETA ya no me queda ninguna: salvada la cuestión moral todo es pragmatismo (y en eso gana la ley por goleada). Y, bueno, lo que no creo necesario discutir es si Batasuna apoya o no la violencia… puro juicio de intenciones? Sí, como el de quien dice que todos los nazis apoyaban los campos de exterminio o la pretensión del Lebensraum. En esto último simplemente creo que hay que dejarse de medias tintas y llamar a las cosas por su nombre.
Saludos…. y espero su vuelta ;)
PD: Verá que mi forma de exponer es como es, no es que esté enfadado ni nada, simplemente no me sale de otra manera
Ay! Casi me lo paso...
Nadie aboca a nadie a hacer la violencia, la kale borroka. Estar en una equivocación no es condición necesaria para señalar la necesidad de cambiar una ley, que muchos estén equivocados tampoco.
Es obvio que para arreglar ciertos problemas hay que interpretar la ley de manera más laxa, pero todo hasta cierto punto. Lo mismo que lo dicho sobre la hipótesis del grupo ultraderechista... o los nazis: no porque fueran muchos se tiene que hacer ley o dejar de hacerla en base a sus opiniones o actos.
Hay que entender de una vez que quien hace la violencia es primero de todo porque es violento, no porque las circunstancias le dejen otra opción. Y desde una perspectiva de puro realismo le digo: esto no es Palestina... Aquí las circunstancias dejan multitud de otras opciones (e incluso allí hay multitud de grados y multitud de f´rmulas: la violencia no es defendida como método -al menos "principal"- por todos).
Saludos
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